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Por Lucía Sánchez
Estudiante de Derecho-UES
La elección del Fiscal es de suma importancia, ya que es una de las tres instituciones que conforman el Ministerio Público, teniendo dentro de sus funciones la defensa de los intereses del Estado y la sociedad, así como el monopolio en la persecución del delito. Conforme a la Constitución de la República, tanto la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia como la del Fiscal General de la República, es potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa, que debe elegirlos con mayoría calificada, es decir, dos tercios de los Diputados electos.
Habría que analizar el actuar del Presidente de la República, que está fungiendo como mediador en la negociación de los Diputados; ya que si nos ponemos constitucionalistas, la Carta Magna señala que las funciones de los Órganos fundamentales del Estado son indelegables, por lo que el Presidente no debería tener ninguna intervención en los asuntos del Órgano Legislativo; dicho en lenguaje salvadoreño: el Presidente no tiene vela en ese entierro. Sin embargo, de su intervención han surtido algunos efectos positivos, por lo menos es lo que se puede notar en la pasada elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido se exige que la Asamblea Legislativa elija con seriedad y rigurosidad a funcionarios idóneos, profesionales capaces, éticos y de moralidad notoria, además de los requisitos que la Ley exige para optar a estos cargos públicos; todo esto se debiendo realizarlo mediante proceso de negociación transparentes, adecuados y sin ataduras partidistas.
Entrando un poco al tema de intereses partidarios y de los procesos engorrosos que implica una elección de esta naturaleza, se puede ver que siempre estos procesos tardan bastante en resolverse, rebasando incluso los términos establecidos en la Constitución. Por ejemplo, la no elección del Fiscal General de la República obedece por un lado a los intereses de aquellos que pretenden elegirlo siguiendo como principal criterio la lealtad o conveniencia partidaria, y por otro están los que buscan que la persona que esté a cargo de esta institución sea la más adecuada, que actué con la transparencia e independencia que requiere dicho cargo. En pocas palabras: que no sea corrupto.
La actuación del actual Fiscal adjunto como Fiscal General de la República no está contemplada en la Constitución, ya que la figura del adjunto nada más es creada como algo accesorio, para lo cual debe tenerse en cuenta el principio que en derecho “lo accesorio siempre sigue a lo principal”, entonces, si no existe lo principal, que es la elección del Fiscal General por la Asamblea Legislativa, no tiene razón de existencia lo accesorio.
Funcionarios como Astor Escalante, Félix Garried Safie y Belisario Artiga están ligadas claramente al partido ARENA, explicando en buena manera el encubrimiento por muchos años de tanta corrupción en el Ejecutivo y la no investigación de tantos crímenes. Como sociedad salvadoreña ya no podemos continuar apoyando a políticos que siempre que se da una elección de esta naturaleza, ponen en peligro la institucionalidad democrática del país, ya que a la larga es la población quien saca la peor parte de todo esto.
Es hora señores diputados que terminen con ese circo político, el pueblo necesita que ustedes demuestren el porqué están en esos puestos, necesitamos una verdadera y legítima representación dentro de la Asamblea Legislativa; demuestren que no sólo sirven para cobrar el cheque el fin de mes; ya no deben seguir dándole refugio a sus conveniencias personales o partidarias, porque de esa forma estarán creando, educando y desarrollando una sociedad sin valores, insensible.
Es hora de reconciliar el país, quitando intereses mezquinos y sobresaliendo en bienestar de las grandes mayorías.
