lunes, 31 de agosto de 2009

DECLARACIÓN DE JÓVENES CONTRA LA VIOLENCIA

Nosotros, jóvenes salvadoreños, en la ciudad de San Salvador el día 30 de agosto del presente año, en el monumento “El Salvador del Mundo”, nos pronunciamos en contra de la violencia que vivimos en el país.

Constatamos que:

El Salvador vive una dura situación de violencia, que se ha agudizado con el transcurrir del tiempo. El número de asesinatos ha incrementado, pasando de 33 homicidios en 2004 a 61 por cada 100.000 habitantes en mayo del año 2008, lo que convierte al país en el más violento de Latinoamérica.

De acuerdo a un estudio difundido por la Red de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA) en 2008, El Salvador posee una tasa de 92,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, dentro del rango de 15 a 24 años de edad.

La situación del sistema de administración de justicia es alarmante, pues según datos que fueron publicados por un organismo internacional, el 84,71% de homicidios no llegan al conocimiento del sistema judicial, mientras que sólo son resueltos el 3,8% de los que llegan a los tribunales.

El temor de la población a perder la vida, como resultado de las consecuencias físicas y psicológicas que la violencia acarrea, están deteriorando la calidad de vida de las personas.

Considerando que:

La violencia es una problemática de la que nadie está exento, todos como sociedad civil debemos aportar ideas y apoyar esfuerzos que permitan buscar los medios para contrarrestar los comportamientos violentos, absolutamente nada justifica la violencia, queremos condenar cualquier manifestación de ella, ya sea física, psíquica o moral, la violencia es producto de múltiples factores: sociales, culturales, económicos, institucionales, situacionales, familiares, personales, etc.;

todos debemos tener una participación activa en la solución sin esperar a que sea sólo el gobierno el responsable de actuar, existe una notable falta de articulación entre las propuestas de las diferentes instancias encargadas de contrarrestar y prevenir la violencia, haciendo que estos esfuerzos se vean atenuados y dispersos;

la violencia debilita las bases de sustentación del sistema democrático y, sobre todo, las garantías de protección de los derechos fundamentales;

la participación activa de los jóvenes y de la población en general es urgente y necesaria para que las autoridades pertinentes tomen decisiones de manera firme y contundente.

Por consiguiente, Exigimos que:

Se divulguen y respeten los derechos fundamentales del pueblo salvadoreño;

se ratifique la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes;

el gobierno se comprometa a trabajar en la formulación de políticas públicas de seguridad ciudadana, integrales y duraderas; encaminadas a combatir el problema de la violencia, que ayuden no sólo a controlarla sino también a prevenirla;

las instituciones encargadas de la administración de justicia se comprometan con el pueblo salvadoreño a mejorar su accionar, para evitar que los actos violentos queden en la impunidad;

la Asamblea Legislativa nombre al Fiscal General de la República, con base en los requisitos de moralidad y competencia notorias que exige nuestra Constitución; además, exigimos al funcionario que resulte electo, que defienda verdaderamente los intereses de la sociedad y sea capaz de promover de manera transparente la investigación de los hechos delictivos;

el Estado salvadoreño se someta a la competencia de la Corte Penal Internacional,

se prohíba a la población civil la tenencia, porte y uso de armas, pues estas tienen un único fin, matar;

la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se mantenga siempre fiel al mandato que emanó de los Acuerdos de Paz y vele celosamente por el respeto y la garantía de los Derechos fundamentales; así también, que investigue rigurosamente todos los casos de violaciones a los mismos;

se mejore el sistema de protección a víctimas y testigos para que se genere confianza y, en consecuencia, una cultura de denuncia ante los hechos violentos;

las municipalidades participen activa y coordinadamente en la prevención de la violencia;
Exhortamos a:

Que el gobierno central, implemente políticas públicas de seguridad ciudadana que sean coherentes, transparentes y sostenibles;

las instituciones de seguridad pública para que se comprometan con la depuración de su personal y hagan mayores esfuerzos por incrementar su credibilidad y confianza ante las y los salvadoreños;

que los partidos políticos antepongan los intereses del pueblo salvadoreño frente a sus intereses personales o partidistas;


el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en conjunto con el Consejo Nacional de Seguridad Pública se encarguen de articular las propuestas concretas de diversas instancias encaminadas a hacerle frente a la violencia;

las Alcaldías, para que establezcan Concejos Municipales de Juventud que consoliden iniciativas provenientes de la población juvenil y se conviertan en intermediarios entre la ciudadanía y el gobierno local para promover la participación de las salvadoreñas y los salvadoreños;

las y los jóvenes, para que asumamos un papel protagónico en la sociedad y le demos vida al Movimiento de Jóvenes por la Paz, integrado por jóvenes pertenecientes a comunidades de base, estudiantes de universidades y centros escolares, grupos juveniles, niñas, niños y jóvenes en general que deseen comprometerse con la defensa de sus derechos y con el ejercicio de sus deberes, con capacidad de interpelar a los diversos actores sociales, con disposición para actuar en las soluciones que el país necesita y con la plena convicción de que las cifras sobre violencia no son sólo estadísticas, números o gráficas, sino que son, ante todo, personas.

Nos comprometemos (como jóvenes) a:

desenvolvernos de manera no violenta, fomentando una cultura de paz y el cumplimiento voluntario de las normas de conducta en todos los ámbitos de los que formamos parte, con el fin de lograr que la resolución pacífica de los conflictos sea una práctica común entre todas y todos;

cumplir nuestro deber ciudadano de denunciar los actos de violencia ante las autoridades pertinentes;

darle seguimiento a las políticas públicas enfocadas a prevenir y contrarrestar la violencia, ocupando cada vez más espacios de participación ciudadana;

crear más espacios de interlocución entre los actores sociales y los jóvenes, en coordinación con instituciones de gobierno, iglesias, empresa privada y demás organizaciones para unir esfuerzos en la creación de una cultura de paz y la no violencia;

proponer la creación de un foro permanente de concertación nacional a través de los Concejos Municipales de Juventud o mediante otras instancias, que integre las fuerzas vivas de la sociedad en especial a los jóvenes organizados y a aquellos que deseen organizarse;

promover la creación del Movimiento de Jóvenes por la paz en el país, para que la juventud actúe de manera activa en prevenir y hacerle frente a la violencia, promoviendo la formación de niños, niñas y jóvenes, brindándoles herramientas que les permitan desempeñar un papel activo para transformar su realidad;

brindar un informe anual a la sociedad salvadoreña sobre el seguimiento realizado a nuestras exigencias y a nuestros compromisos planteados en esta declaración.

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